Cuando sólo han trascurrido pocos días del inicio del nuevo año, Estados Unidos comenzó a enfilar su artillería hacia el Gobierno Bolivariano de Hugo Chávez, cuestionando la aprobación de la Ley Habilitante, calificando como una “medida antidemocrática” que está causando preocupación en la región
Aunado a ello, el Presidente de la Subcomisión para el Hemisferio Occidental de la Cámara Baja del Congreso de EEUU, Connie Mack, anunció que “su meta”, para la sesión legislativa que comenzó recientemente, es incluir a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo. “Él (Chávez) actúa y habla de forma muy beligerante, está gobernando por decreto. La economía de Venezuela sigue sufriendo debido a sus prácticas socialistas y admira el ejemplo de Castro en Cuba. Pero no he visto evidencia de que sea una amenaza para la región", declaró el Legislador.
Asimismo, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, también se unió a los señalamientos de los personeros norteamericanos y expresó que la Habilitante es inconstitucional.
Ante el escenario, el Diputado Carlos Escarrá, indicó que “la Habilitante es un instrumento constitucional mundial, no sólo latinoamericano”. Con estas palabras el Parlamentario se dirigió ante la Asamblea Nacional a fin de rechazar de manera contundente las matrices de opinión negativa que se han dado a conocer en torno a la Ley.
Por su parte, la ex Presidenta de la AN, Diputada Cilia Flores, expresó que hay un debate claro que no es la Habilitante, sino la actitud reiterada e injerencista. “Hemos visto que quienes solicitan y hablan de debate, no están centrados en lo que ha sido el planteamiento de Escarrá, aquí hay un debate muy claro que no es la Habilitante, lo que está en discusión, y los diputados de ultraderecha saben que eso es así, es que hay un actitud reiterada de un ciudadano, hay una posición que constituye injerencia por parte del señor Insulza”. Liderando la bandera de la justicia, destacó el papel fundamental que juega Venezuela en la región latinoamericana, donde "estamos librando una batalla muy fuerte y muy dura, donde somos pioneros, en este siglo, en contra del imperio estadounidense, así que vamos marchando hacia nuestra segunda independencia".
Cabe destacar, que la primera Ley Habilitante tuvo su origen en el año 1925, en la Constitución de Chile, luego pasó a México, Brasil y un conjunto de países, en Venezuela comenzó a existir desde 1945 y en la actualidad está contemplado en el artículo 203 de la Carta Magna.
Basamento de la Habilitante
De acuerdo a los conocedores de la materia, la Ley Habilitante solicitada por el Presidente de la República y aprobada por la recién concluida Asamblea Nacional, se justificó dada la urgencia que enfrentó el país producto de las intensas lluvias de los meses de octubre y noviembre del pasado año, que arrojó un número significativo de familias damnificadas. El panorama, acrecentó el problema de la vivienda, sector que ya había sido declarado en emergencia por el Presidente Hugo Chávez. Dicha situación también se presentó desde el punto de vista político como caldo de cultivo para los sectores de derecha a fin de arreciar el ataque contra el Jefe de Estado.
Internamente, los partidos de derecha enfilaron sus declaraciones en proyectar al Gobierno Bolivariano desde el punto de vista de la ineficiencia, dando por descontado que el Ejecutivo Nacional no podría controlar la situación. Contrario a lo que manejaban los sectores de oposición, el Presidente Chávez con su equipo de trabajo, la solidaridad del pueblo venezolano y la comunidad internacional, no sólo controló la situación de emergencia, sino que además convirtió el momento en una oportunidad, a fin de presentar soluciones definitivas el problema de la vivienda que durante la Cuarta República venían sufriendo los venezolanos de bajos.
La situación planteada requirió la solicitud de una Ley Habilitante por parte del Presidente con el objetivo de poder avanzar de manera efectiva a la solución de la problemática. Internamente, los sectores de oposición no pudieron sino hacer uso de los medios de comunicación privados para intentar mantener una matriz de opinión de supuesta ilegalidad de la Ley, trabajando en función del engaño para confundir a la población y proyectar que una vez concluida la recién cesante Asamblea Nacional, se extinguirían los poderes especiales otorgados al Presidente para legislar. Al no surtir el efecto deseado por los grupos de derecha y al desmontarse su engaño con la realidad, se activó la derecha internacional producto del lobby político que han venido ejecutando los sectores opositores venezolanos fuera del país.
Las declaraciones del Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, quienes catalogaron la Ley Habilitante de antidemocrática y de estar violando la Carta Democrática de la organización, respectivamente, no es un hecho aislado en el tema, pues éstas se presentan como parte del mismo concierto que se ha entonado en contra del Presidente de la República, para intentar deslegitimarlo a nivel internacional.
Por otro lado, pero dentro del mismo esquema desestabilizador se presentan las declaraciones del Congresista Connie Mack, quien develó la maniobra de incluir a la República Bolivariana de Venezuela en la lista de países que apoyan el terrorismo. La posición de Mack deja al descubierto una vez más la política exterior de Estados Unidos y la utilización de listas con intenciones políticas, tendientes a desprestigiar a países para promover el aislamiento internacional de éstos y poder ejecutar sus pretensiones imperialistas.
Evidentemente la OEA en este caso está actuando y ha actuado siempre como brazo político del Gobierno de Estados Unidos, pues ha sido utilizada, manejada y desvirtuada para intentar institucionalizar posiciones en contra de los países que no le son complacientes a los gobiernos estadounidenses. A la par, los políticos venezolanos de derecha han mostrado una actitud benevolente a las declaraciones que desde el exterior se han emitido contra la política interna del país y que representa además una injerencia directa, lo que pone en evidencia el guión interno y externo que se sigue contra el Gobierno Bolivariano, dictado desde Estados Unidos.
Finalmente, es bueno traer a colación el hecho que vive actualmente la República de Colombia en estos momentos, producto también, como en el caso venezolano, de las lluvias que han dejado un elevado número de neogranadinos fallecidos y damnificados. Para atender la situación, el Presidente Juan Manuel Santos, se ha visto en la necesidad de prolongar por dos meses más el estado de emergencia y le fueron concedidos poderes especiales para legislar por decretos para solventar la problemática. En este sentido, vale la pena preguntarse qué diferencia existe entre la actuación de los gobiernos de Venezuela y Colombia, para atender la situación de emergencia y en qué medida se vulnera con ella la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Además, si existiera transgresión a dicha Carta, por qué no se han realizado pronunciamientos contra el Mandatario Santos. Definitivamente, Insulza es un muy buen empleado, obedientes los intereses del imperio norteamericano.
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