Por: SANTIAGO VALENZUELA
Nuevas piezas han comenzado a revelarse en el escándalo de Odebrecht: aparecieron dos pruebas contra la exministra Cecilia Álvarez por la adjudicación del tramo Ocaña – Gamarra en la Ruta del Sol; la Procuraduría puso en marcha una investigación disciplinaria contra la junta directiva del Banco Agrario y el fiscal General reportó avances en la investigación sobre los nexos de Odebrecht y el “carrusel” de la contratación en Bogotá.
Por un lado, ya es un hecho que la exministra autorizó dos peajes en la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra, tramo que presuntamente habría sido adjudicado de manera irregular. Con la resolución 0002127 de 2014, la entonces ministra de Transporte autorizó la instalación de dos peajes en la vía, en la que intervinieron la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Odebrecht. Álvarez ya asistió ante la Fiscalía y la Procuraduría para explicar la ampliación del contrato para el tramo dos de la Ruta del Sol II. De este proceso llamó la atención que con un otrosí la firma brasileña lograra quedarse con el proyecto de la vía Ocaña-Gamarra. A la exministra también se le ha cuestionado que firmara el documento Conpes cuando la obra ya se estaba adelantando.
En el frente de investigación sobre el Banco Agrario, el gerente de esa entidad, Luis Enrique Dussán, confirmó que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen en sus manos un informe de auditoría interna en el que explican en detalle el crédito por 120.000 millones de pesos que le entregaron al consorcio Navelena, en donde Odebrecht tenía una participación del 90% . De acuerdo con Dussán, el crédito se aprobó pensando en el objetivo principal: recuperar la navegabilidad del río Magdalena.
En total, 14 directivos del Banco Agrario tendrán que responder por las presuntas irregularidades en la asignación del crédito. Entre los sujetos citados están: Francisco Solano, presidente del Banco Agrario en la época; Andrés Escobar, delegado del Ministerio de Hacienda, Arturo Adolfo Dajud, delegado del Ministerio de Agricultura, Luis Francisco Ogliastri, vicepresidente de operaciones del banco y Omar Arango Páez, gerente de banca comercial.
Desde la Fiscalía también reportaron avances en la investigación sobre los tentáculos de Odebrecht en el carrusel de la contratación en Bogotá. El ente de control puso la lupa sobre un convenio por 244.000 millones de pesos para la construcción de un túnel de alcantarillado entre Tunjuelo y Canoas, en el sur de la capital. “Sobre la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas, la Fiscalía ha llevado a cabo varios interrogatorios y allanamientos, debidamente legalizados a la fecha, de los cuales presentará los resultados respectivos en los próximos días”, explicó el fiscal General, Néstor Humberto Martínez.
Como parte de la investigación, la Fiscalía hizo un allanamiento en las oficinas de Contelac, firma que tuvo una participación del 25% en el consorcio que auditó el contrato Tunjuelo-Canoas. A partir de esta información, la Fiscalía buscará las pruebas para comprobar si hubo sobornos y cómo se entregaron.
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